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El Partido Popular no respeta ni las pensiones: haciendo más ricos a los ricos y más pobres al resto.

En las últimas semanas, las personas pensionistas han comenzado multitudinarias protestas en todas las ciudades españolas para defender sus pensiones. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy y la maquinaria comunicativa del Partido Popular han salido en tromba a decir que ellos son los mayores defensores del bienestar de las personas jubiladas, la realidad es que la pérdida de poder adquisitivo de quienes ejercen un derecho conseguido tras años de trabajo es un hecho. 
 
Las crisis que causa el Partido Popular en los servicios públicos siempre tienen un claro objetivo privado. El deterioro de la sanidad pública lo diseñan para enviar clientes a la sanidad privada. La falta de inversiones en la enseñanza pública la diseñan, sin importarles los problemas sociales que genera, para que los centros privados reciban más alumnado. Y la actual crisis de las pensiones está asustando a numerosos trabajadores. Mucha gente ya ironiza con el hecho de que nunca conocerá lo que es una pensión o una jubilación, pero en el fondo el miedo al futuro se convierte en miles de personas que consultan en un banco la posibilidad de abrir un plan de pensiones privado, para compensar la incertidumbre de lo que está por venir. 
 
La lucha por los derechos sociales ha sido una larga y dura conquista obtenida por trabajadores y trabajadoras comprometidas con la defensa del bienestar. En el caso de España siempre ha sido una situación precaria; ahora no estamos debatiendo sobre la necesidad de aumentar las pensiones mínimas que son poco más que condenas a la pobreza, sino de dejarlo todo como está y que no empeore. 
 
El derecho de la ciudadanía a jubilarse y disfrutar del resto de su vida con dignidad es irrenunciable. Pero vivimos en un país que para muchas personas con grandes fortunas es casi un paraíso fiscal. Y quienes ostentan la riqueza, financian medios de comunicación o apoyan a partidos políticos que defienden sus intereses, están dispuestos a todo con tal de que no entre en la agenda política la posibilidad de que tengan que pagar más impuestos. El Estado trabaja para ellos, protege sus intereses y su baja contribución a los recursos públicos. Vivimos en una sociedad con una baja presión fiscal, lo que genera una enorme debilidad de las instituciones públicas y de la financiación de derechos. 
Las personas pensionistas se están movilizando y su voz de alarma debe despertar a una sociedad que a menudo se comporta movida o paralizada por el miedo. El grito que defiende unas pensiones dignas nos compete a todos, aunque hayamos visto cómo la ministra Fátima Báñez mentía por carta vendiendo su defensa de las pensiones o el enorme silencio de ese salvador de España llamado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que no hacen la huelga feminista y miran para otro lado ante las reivindicaciones pensionistas. 
 
La debilidad y falta de eficacia de los servicios públicos es entre otras cosas una forma de degradación de nuestra civilización. Vivir en un Estado menguante y frágil nos retrotrae a la ley del más fuerte donde sólo sale adelante quien tiene un buen patrimonio y una buena cuenta bancaria. Pese al discurso triunfal del Gobierno de que hemos salido de la crisis hay una crisis permanente en el hecho de que algunas fuerzas políticas no ponen por delante los intereses de la ciudadanía y mientras dicen que lo hacen se dedican realmente a favorecer a los que más tienen. La lucha por las pensiones dignas es una lucha por una sociedad más digna. Por eso estamos obligados a defender un derecho básico de toda la ciudadanía e impedir el regreso a los tiempos oscuros de “Los santos inocentes” que parece el lugar al que nos quieren llevar algunos.